Articulo Primero.- Se aprueba la Ley de Justicia Y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en los Siguientes Terminos:

LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y tienen por objeto regular la justicia administrativa en el estado de Nayarit, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal.

El presente ordenamiento no es aplicable a los órganos autónomos del estado, al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a las materias laboral y electoral.

Artículo 2o.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley dará lugar a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Artículo 3o.- El procedimiento y proceso administrativo que regula esta ley se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en consecuencia:

           I.        Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de esta ley.

        II.        Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios.

      III.        Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita.

     IV.        Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas;

        V.        Se cuidará que alcancen sus finalidades y efectos legales;

     VI.        Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exijan que sean secretas;

   VII.        Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y

VIII.        Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se conducirán, en las promociones y actuaciones, con honradez, trasparencia y respeto.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO Y

PROCESO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS FORMALIDADES PROCEDIMENTALES Y PROCESALES

Artículo 5o.- Las promociones y actuaciones deben escribirse en lengua española. Cuando las promociones no se presenten escritas en español, se acompañarán de su correspondiente traducción; en caso de que no se exhiba ésta, la autoridad administrativa o el Tribunal la obtendrán, de manera oficiosa, de traductor adscrito, preferentemente, a las dependencias públicas.

Artículo 6o.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso administrativo se presentarán o realizarán en forma escrita. Cuando una diligencia se practique de manera oral, deberá documentarse inmediatamente su desarrollo.

Para documentar el procedimiento y proceso administrativo podrán utilizarse impresos que estén legalmente autorizados, así como los elementos incorporables a un sistema de compilación y reproducción, mecánico o electrónico, que garantice su conservación y recuperación completa y fidedigna.

Artículo 7o.- En las actuaciones se escribirán con letra las fechas y cantidades. No se emplearán abreviaturas ni se enmendarán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose con toda precisión el error cometido.

Artículo 8o.- Toda promoción deberá contener la firma autógrafa de quien la formule, requisito sin el cual no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital.

En caso de duda sobre la autenticidad de la firma, la autoridad administrativa o el Tribunal podrán llamar al interesado, dándole un plazo de tres días, para que en su presencia ratifique la firma y el contenido de la promoción. Si el interesado negare la firma o el contenido del escrito, se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá por no presentada la promoción.

Artículo 9o.- Los menores de edad, los sujetos a interdicción, sucesiones o quiebras y las personas morales, actuarán por conducto de sus representantes, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 10o.- Cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más personas, deberán designar a un representante común de entre ellas. Si no se hace el nombramiento, la autoridad administrativa o el Tribunal considerarán como representante común a la persona mencionada en primer término. Los interesados podrán revocar, en cualquier momento, la designación del representante común, nombrando a otro, lo que se hará saber a la propia autoridad o al Tribunal.

Artículo 11.- Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles.

Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente, que deberá publicarse, en el mes de diciembre del ejercicio anterior, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal cuando se trate del calendario municipal. La existencia de personal de guardia no habilita los días ya señalados como inhábiles.

Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Artículo 12.- Las autoridades administrativas y el Tribunal pueden habilitar días y horas inhábiles, cuando a la persona con quien se vaya a practicar una diligencia realice sus labores en dichos días u horas, o cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando los motivos y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al particular interesado. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción ni  necesidad de habilitación expresa.

Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir el efecto de que se otorgue un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de impugnación.

Artículo 13.- Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una actuación o diligencia en el día y hora señalados, la autoridad administrativa o el Tribunal harán constar la razón por la que no se practicó.

Artículo 14.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la realización del procedimiento y proceso administrativo para el solo efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones.

Artículo 15- En el procedimiento y proceso administrativo no se producirá la caducidad por inactividad de particulares, autoridades administrativas o Tribunal, sea por falta de promociones o de actuaciones en un determinado tiempo.

Artículo 16.- Los servidores públicos no son recusables, pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los asuntos de su competencia, en los casos siguientes:

           I.          Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguno de los interesados o de sus abogados o representantes, en línea recta sin limitación de grado, dentro del cuarto grado en la colateral por consanguinidad o dentro del segundo en la colateral por afinidad;

         II.          Si tienen interés personal en el asunto;

        III.          Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o con sus abogados o representantes;

     IV.          Si han sido abogados o apoderados de alguno de los interesados, en el mismo asunto;

       V.          Si hubieren aconsejado, como asesores, respecto del asunto, o si hubieren resuelto el mismo en otra instancia;

     VI.          Si son partes en un asunto similar, pendiente de solución; y

  VIII.          Por alguna otra causa prevista en la ley.

Artículo 17.- El servidor público que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusará de intervenir en el procedimiento y lo comunicará a su superior inmediato, quien resolverá lo conducente dentro de los tres días siguientes.

Cuando hubiere otro servidor público con competencia, el superior jerárquico turnará el asunto a éste; en su defecto, dispondrá que el servidor público que se hubiere excusado resuelva bajo la supervisión de su superior jerárquico.

Artículo 18.- La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera de los impedimentos a que se refiere el artículo 16, no implicará necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya hubiere intervenido, pero dará lugar a responsabilidad administrativa.

Artículo 19.- La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes.

Artículo 20.- La autoridad administrativa o el Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, podrán, según la gravedad de la falta, hacer uso de alguno de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

           I.          Amonestación

         II.          Multa de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en el estado; si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; y tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso;

        III.          Expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, cuando ello fuere necesario para su continuación;

     IV.          Auxilio de la fuerza pública;

       V.          Vista al ministerio público cuando se tratare de hechos probablemente constitutivos de delito; y

     VI.          Los demás que establece esta ley.

Artículo 21.- Las partes podrán consultar los expedientes en que se documente el procedimiento y proceso administrativo y obtener a su costa copia certificada de los documentos y actuaciones que los integren.

Artículo 22.- Cuando se destruyeren o extraviaren los expedientes o alguna de sus piezas, la autoridad administrativa o el Tribunal ordenarán, de oficio o a petición de parte, su reposición.

Artículo 23- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo.

Artículo 24.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de la resolución que ponga fin al procedimiento, o proceso administrativo, ante la autoridad administrativa o el Tribunal que la hubieren dictado, dentro de los tres días siguientes a la notificación correspondiente, indicando los puntos que lo ameriten. La autoridad o el Tribunal formularán la aclaración sin modificar los elementos esenciales de la resolución. El acuerdo que decida la aclaración o adición de una resolución, se considerará parte integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación de la resolución, la del acuerdo que decida la aclaración o adición de la misma.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS NOTIFICACIONES Y PLAZOS

Artículo 25.- Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones o actos respectivos.

Artículo 26.- Las notificaciones se harán:

           I.          Personalmente a los particulares y por oficio a las autoridades administrativas, en su caso, cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados. También podrán efectuarse por correo certificado con acuse de recibo;

         II.          Por edicto que se publique por una sola vez en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, o en la Gaceta Municipal respectiva cuando se trate de autoridades municipales y en uno de los periódicos de mayor circulación en el ámbito estatal o municipal, según corresponda, tratándose de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan impugnarse, cuando el particular a quien deba notificarse hubiere desaparecido, se ignore su domicilio, se encuentre fuera del territorio estatal sin haber dejado representante legal en el mismo o hubiere fallecido y no se conozca al albacea de la sucesión;

        III.          Por estrados ubicados en sitio abierto de las oficinas de las dependencias públicas o del Tribunal, cuando así lo señale la parte interesada o se trate de actos distintos a citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados; y

     IV.          En las oficinas de las dependencias públicas o del Tribunal, si se presentan los particulares o autoridades administrativas a quienes debe notificarse, incluyendo las que han de practicarse personalmente o por oficio.

Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el procedimiento o proceso administrativo. Cuando un procedimiento administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio registrado ante las autoridades administrativas.

Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, la notificación se efectuará por medio de un instructivo que se fijará en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará mediante un instructivo que se fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio.

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, un ejemplar autógrafo o copia certificada del documento a que se refiere la notificación.

El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la diligencia de notificación.

Artículo 28.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una anticipación de 48 horas, por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o diligencia a que se refieren las mismas.

Artículo 29.- Las notificaciones surtirán sus efectos:

           I.          Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas;

         II.          Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil a aquel en que se reciban, salvo disposición legal en contrario;

        III.          Las que se hagan por edicto, desde el día hábil posterior al de la publicación; y

     IV.          El día siguiente hábil en que el interesado o su representante legal se haga sabedor de la notificación omitida o irregular.

Artículo 30.- Cuando la ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días hábiles.

Artículo 31.- Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido.

Artículo 32.- El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:

           I.          Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento;

         II.          En los plazos fijados en días por las disposiciones legales, las autoridades administrativas o el Tribunal, sólo se computarán los días hábiles;

        III.          En los plazos señalados en años o meses, y en los que se fije una fecha determinada para su extinción, se entenderán comprendidos los días inhábiles; y

     IV.          Los plazos señalados en horas, y los relativos al cumplimiento del acuerdo de suspensión del acto impugnado, se contarán de momento a momento.

TÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 33.- Los procedimientos administrativos que deben seguirse por las dependencias del Poder Ejecutivo del estado, los municipios y los organismos descentralizados con funciones de autoridad de carácter estatal o municipal, se sujetarán a las disposiciones del presente título y del siguiente.

Las disposiciones sobre pruebas previstas en el Título Cuarto, serán aplicables a los procedimientos administrativos a que se refiere el párrafo anterior y las facultades del Tribunal se entenderán concedidas, en lo conducente, a las autoridades administrativas correspondientes.

Artículo 34.- A falta de normas expresas en este Título, se aplicarán las disposiciones de la legislación administrativa del estado y, en defecto de éstas, los principios generales del derecho.

Artículo 35.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas estatales y municipales de observancia general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, o en la Gaceta Municipal respectiva cuando se trate de normas municipales, excepto que en estos medios se señale expresamente el día en que entren en vigencia, el cual siempre deberá ser posterior al de la publicación.

Artículo 36.- Las leyes administrativas y las disposiciones de carácter general únicamente quedan abrogadas o derogadas por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la anterior, siempre que la primera sea de igual o menor jerarquía que la segunda.

Artículo 37.- El procedimiento administrativo es común o especial. Son procedimientos de carácter especial, el procedimiento administrativo de ejecución y el recurso administrativo de inconformidad.

Artículo 38.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible de ser perjudicado por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario.

Artículo 39.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento administrativo. Esta persona no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades en terceros.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO

SECCIÓN PRIMERA

DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS PETICIONES

DE LOS PARTICULARES

Artículo 40.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las autoridades administrativas o a petición de los particulares interesados.

Artículo 41.- El procedimiento se iniciará de oficio en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables, por acuerdo escrito de la autoridad administrativa competente.

Antes del acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá realizar actos previos con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la procedencia o improcedencia de iniciar el procedimiento.

Artículo 42.- Las peticiones de los particulares deberán hacerse por escrito de manera pacífica y respetuosa, en términos de lo establecido por el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43.- A fin de facilitar el trámite de las peticiones ante las autoridades administrativas, los particulares procurarán incluir en sus escritos de petición los siguientes datos y documentos:

           I.          Autoridad a la que se dirige;

         II.          Nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre, adjuntando el documento con que este último acredite su personalidad;

        III.          Domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en el lugar de residencia de la autoridad a la que se dirige la petición;

     IV.          Los planteamientos y peticiones concretas que se hagan;

       V.          Las disposiciones legales en que se sustenten;

     VI.          Las pruebas que ofrezca el peticionario, acompañando, en su caso, los documentos en que funde su petición; y

    VII.          El pliego de posiciones, el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas pruebas.

Artículo 44.- En las peticiones en las que se formulen denuncias o quejas que se presenten ante las autoridades administrativas competentes, en contra de la conducta de servidores públicos estatales y municipales, los particulares interesados podrán solicitar el pago de daños y perjuicios causados directamente por aquellos con dolo o culpa grave, en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas, ofreciendo pruebas específicas que acrediten la existencia de los mismos.

Artículo 45.- Cuando el escrito de petición carezca de alguno de los datos o documentos que se indican en el artículo 43 del presente ordenamiento, la autoridad administrativa requerirá al promovente para que, en un plazo de tres días, los proporcione, apercibiéndole, según corresponda, en el caso de que no los presentare.

Artículo 46.- Los escritos dirigidos a las autoridades administrativas deberán presentarse directamente en sus oficinas o en las oficialías de partes u otras autorizadas para tales efectos, o enviarse mediante correo certificado o mensajería con acuse de recibo, salvo el escrito inicial del recurso administrativo de inconformidad. Los escritos enviados por estos medios se considerarán presentados en las fechas que indique el sello o instrumento fechador de cuando fueron recibidos por el correo o por la empresa de mensajería .

No podrán ser rechazados los escritos que se presenten en las oficinas de las autoridades administrativas. Los servidores públicos asignados a estas oficinas harán constar mediante sellos fechadores, o anotaciones firmadas, la recepción de los documentos que se les presenten en la copia que para tales efectos exhiba el interesado.

Artículo 47.- Cuando un escrito sea presentado ante una autoridad administrativa incompetente, se remitirá de oficio a la que sea competente en el plazo de tres días, siempre que ambas pertenezcan a la administración pública del estado o a la del mismo municipio; en caso contrario, sólo se declarará la incompetencia y se comunicará al promovente. Si la autoridad a la que se considera competente se niega a conocer del asunto, ésta enviará el expediente al superior jerárquico de ambas, quien decidirá la cuestión. Se tendrá como fecha de presentación la del recibo por la autoridad incompetente. Se notificará al promovente la remisión practicada.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

Artículo 49.- Cuando se inicie el procedimiento, la autoridad administrativa le asignará un número progresivo al asunto o al expediente que en su caso se forme, que incluirá la referencia al año en que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan respecto del mismo asunto o expediente.

Artículo 50.- La autoridad administrativa llevará a cabo, de oficio o a petición de particulares, los actos de tramitación necesarios y adecuados para la determinación y comprobación de los datos sobre los que deba basarse la resolución del procedimiento.

En el despacho de los asuntos y expedientes se respetará el orden de tramitación en los de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente justificada.

Artículo 51.- Las cuestiones varias que surjan dentro del procedimiento se decidirán de plano, salvo las que trasciendan al resultado del mismo, que se resolverán con éste. Estas cuestiones no suspenderán la tramitación del procedimiento.

Artículo 52.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento requiera el auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará la petición dentro de los cinco días siguientes a su recibo.

Artículo 53.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los particulares, en los casos en que señalen las leyes y reglamentos aplicables, conforme a las siguientes reglas:

           I.          Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de autoridad administrativa competente, en el que se expresará:

a)         El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando se ignore el nombre de ésta, se señalarán datos suficientes que permitan su identificación;

b)        El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita. Si se efectúan sustituciones de éstos o se agregan otros, deberá notificarse al particular cualquiera de estas situaciones;

c)         El lugar o zona en que ha de verificarse;

d)        El objeto y alcance que ha de tener la visita;

e)         Las disposiciones legales que fundamenten la verificación; y

f)          El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

         II.          La visita se realizará en el lugar o zona señalados en la orden;

        III.          Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante, y si no estuvieren presentes, a quien se encuentre en el lugar que deba practicarse la diligencia;

     IV.          Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar, ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente, con fotografía, expedido por la autoridad administrativa, que los acredite legalmente para desempeñar su función;

       V.          La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para que nombre a dos testigos para que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o los señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán. Los testigos podrán ser sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier tiempo, siguiendo las mismas reglas que para su nombramiento;

     VI.          Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita, así como a poner a la vista la documentación, equipos y bienes que les requieran;

    VII.          Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se levante, todas y cada una de las circunstancias, hechos u omisiones que se hayan observado en la diligencia;

  VIII.          La persona con quien se haya entendido la diligencia, los testigos y los visitadores firmarán el acta. Un ejemplar legible del documento se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o de la diligencia practicada;

     IX.          Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos, antes, en el curso de la visita o después de su conclusión; y

       X.          El visitado, su representante o la persona con la que se haya entendido la verificación, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos u omisiones contenidos en el acta, o bien hacer uso de ese derecho, por escrito, dentro del término de diez días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta.

Artículo 54.- Tratándose de la aplicación de sanciones y de la emisión de otros actos administrativos que priven a los particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se otorgará previamente, a los mismos, la garantía de audiencia, conforme a las siguientes reglas:

           I.          En el citatorio de garantía de audiencia se expresará:

a)         El nombre de la persona a la que se dirige;

b)        El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia;

c)         El objeto de la diligencia;

d)        Las disposiciones legales en que se sustente;

e)         El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o por medio de defensor; y

f)          El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que lo emite.

         II.          La diligencia se desahogará en términos del citatorio, por lo que:

a)         La autoridad dará a conocer al particular las constancias y pruebas que obran en el expediente del asunto, en su caso;

b)        Se admitirán y desahogarán las pruebas que ofrezca el particular; y

c)         El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes.

        III.          Se levantará una acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores; y

     IV.          De no comparecer el particular en el día y hora señalados en el citatorio, se tendrá por satisfecha la garantía de audiencia.

En los casos de actos fiscales, decretos de expropiación, medidas de seguridad, sanciones de tránsito, y violaciones flagrantes a los reglamentos administrativos sancionables con arresto,  la garantía de audiencia se otorgará en los medios de impugnación que se hagan valer, en su caso, por los particulares.

Artículo 55.- Cuando sea necesario el desahogo de pruebas supervinientes con posterioridad a la celebración de la audiencia indicada en el artículo anterior, la autoridad administrativa fijará el día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no mayor de los diez días siguientes a la fecha en que haya tenido verificativo la referida audiencia. Las pruebas supervinientes podrán presentarse hasta antes del dictado de la resolución.

SECCIÓN TERCERA

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 56.- El procedimiento terminará por:

           I.          Desistimiento;

         II.          Convenio entre los particulares y las autoridades administrativas;

        III.          Resolución expresa;

     IV.          Resolución afirmativa ficta que se configure; y

       V.          Resolución negativa ficta.

Artículo 57- Todo particular interesado podrá desistirse de su solicitud. Si el escrito de iniciación fue presentado por dos o más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquél que lo hubiere formulado.

Artículo 58.- Las autoridades administrativas podrán celebrar con los particulares acuerdos o convenios de carácter conciliatorio que pongan fin a los asuntos, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 59.- Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita, dentro de un plazo que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción. Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.

Artículo 60.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que se notifique la resolución expresa, el silencio de las autoridades competentes se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses de los peticionarios siempre y cuando sean legalmente procedentes, conforme a las disposiciones legales y normativas que rijan la materia de que se trate.

Para acreditar la existencia de la resolución afirmativa ficta, los particulares solicitarán a la autoridad ante la que se presentó la petición, la certificación de que ha operado aquélla; la autoridad expedirá dicha certificación en caso de que sea procedente en términos de lo establecido en el párrafo anterior; en ella, en su caso, la autoridad precisará los efectos legales de la afirmativa ficta. Dicha certificación deberá expedirse dentro de los cinco días posteriores a la presentación de la solicitud. En caso de que no se expida la certificación en este último plazo, los particulares podrán acudir a demandar la declaración de que ha operado la afirmativa ficta ante el Tribunal, en términos de lo establecido en el título cuarto de esta ley.

Artículo 61.- No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de peticiones que impliquen la adquisición de la propiedad o posesión de bienes del estado, municipios y organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, el otorgamiento de concesiones y permisos para la prestación de servicios públicos, la autorización de fraccionamientos o subdivisiones de terrenos, el otorgamiento de licencias de construcción, la autorización de exenciones para el pago de créditos fiscales y la resolución del recurso administrativo de inconformidad. Tampoco se configurará la resolución afirmativa ficta cuando la petición se hubiere presentado ante autoridad incompetente, o los particulares interesados no hubieren satisfecho los requisitos señalados por las disposiciones legales y normativas aplicables.

Artículo 62.- En todos los casos en que no opere la resolución afirmativa ficta, el silencio de las autoridades en el plazo de treinta días posteriores a la presentación o recepción de la petición, se considerará como resolución negativa ficta, que significa decisión desfavorable para las solicitudes e intereses de los peticionarios, para efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo.

Artículo 63.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará:

           I.          Nombre de las personas a las que se dirija, y cuando se ignore, se señalarán los datos suficientes para su identificación;

         II.          La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso;

        III.          Los fundamentos y motivos que la sustenten;

     IV.          Los puntos decisorios o propósitos de que se trate; y

       V.          El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que la emite.

Artículo 64.- Cuando se impongan sanciones administrativas, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias:

           I.          La gravedad de la infracción en que se incurra;

         II.          Las condiciones socio-económicas y los antecedentes del infractor que sean conocidos por la autoridad que imponga la sanción, observando en todo caso lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

        III.          La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso; y

     IV.          El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones, si lo hubiere.

Artículo 65.- Sólo procederá el pago a los particulares por concepto de daños y perjuicios cuando éstos hubieren sido causados por dolo o culpa grave de los servidores públicos en ejercicio de las labores que con tal carácter tengan encomendadas, y cuando se demuestre que los daños y perjuicios fueron causados directamente por dichos servidores públicos.

Artículo 66.- En las resoluciones en las que las autoridades administrativas o el Tribunal determinen el pago a los particulares por los conceptos previstos en el artículo anterior, deberán especificar claramente la manera en que quedaron fehacientemente probados los supuestos previstos en el mismo artículo.

Artículo 67.- Los servidores públicos responsables serán sujetos del procedimiento administrativo sancionador que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, a fin de que sean sancionados y les sea cobrado, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, el monto de los daños y perjuicios pagados por las autoridades respectivas.

Artículo 68.- Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles, al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal.

Artículo 69- Los actos administrativos legalmente emitidos tienen fuerza ejecutiva de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, debiendo ser ejecutados, salvo los casos en que se otorgue legalmente la suspensión.

CAPÍTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

SECCIÓN PRIMERA

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

Artículo 70.- Las autoridades fiscales estatales y municipales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a las normas de esta sección. En ningún caso se aplicará este procedimiento para el cobro de productos.

Los vencimientos que ocurran antes o durante el procedimiento administrativo de ejecución, incluso recargos, gastos de ejecución y otros accesorios, se harán efectivos con el crédito inicial, sin necesidad de ninguna formalidad especial.

Artículo 71.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el dos por ciento de este crédito por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias, en términos del reglamento respectivo.

Los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias, no podrán ser menores al importe de un salario mínimo general vigente en el estado, ni exceder de la cantidad equivalente a dicho salario mínimo elevado al año.

Artículo 72- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, formularán el mandamiento de ejecución debidamente fundado y motivado, en el que se ordene requerir al deudor, para que efectúe el pago del crédito y accesorios, dentro de los quince días siguientes a la notificación, con el apercibimiento de que, si no lo hiciere, se le embargarán bienes suficientes para garantizar el monto del crédito y sus accesorios.

Artículo 73.- El requerimiento de pago se hará con las mismas formalidades de las notificaciones personales. Se entregará una copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien se entienda la diligencia, y se levantará acta pormenorizada del requerimiento, de la que también se le proporcionará copia.

Artículo 74.- El embargo de bienes y negociaciones procederá:

           I.          Transcurrido el plazo de quince días siguientes a la fecha en que se hubiere practicado el requerimiento de pago, si el deudor no hubiere cubierto totalmente el crédito fiscal a su cargo;

         II.          A petición del particular interesado, aun antes de los quince días previstos en la fracción anterior, para garantizar un crédito fiscal; y

        III.          Antes de los quince días previstos en la fracción I, cuando, a criterio razonado de la autoridad fiscal, hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte bienes o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de la obligación tributaria. La resolución que determine el crédito se notificará al interesado dentro de los treinta días posteriores a la fecha del embargo precautorio. Si el crédito fiscal se cubriere en el plazo legal, el deudor no estará obligado a pagar gastos de ejecución.

Artículo 75.- El ejecutor que designe la oficina en que sea radicado el crédito fiscal, se constituirá en el domicilio del deudor y practicará la diligencia de embargo con las mismas formalidades de las notificaciones personales. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada, de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma.

Si el requerimiento de pago se hubiere hecho por medio de un edicto, la diligencia de embargo se entenderá con una autoridad administrativa estatal o municipal de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.

Artículo 76.- El deudor o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a que en ésta intervengan dos testigos y a designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al orden siguiente:

          I.              Dinero y metales preciosos;

        II.              Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la federación, estados y municipios y de empresas o personas privadas de reconocida solvencia;

     III.              Alhajas y objetos de arte;

     IV.              Frutos o rentas de toda especie;

       V.              Bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores;

     VI.              Bienes inmuebles; y

  VII.              Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.

Artículo 77.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior:

           I.          Si el deudor no señala bienes o los señalados por éste no son suficientes a criterio del mismo ejecutor, o si no ha seguido el orden al hacer el señalamiento; y

         II.          Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare:

a)         Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora; y

b)        Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real.

Artículo 78.- Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor hiciere pago del adeudo y sus accesorios, el ejecutor suspenderá la diligencia y expedirá recibo oficial por el importe del pago.

Artículo 79.- Si al designarse bienes para el embargo se opusiere un tercero, fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a criterio del ejecutor.

La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos, de la oficina ejecutora, a la que deberán exhibirse los documentos presentados en el momento de la oposición. Si a criterio de la oficina ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con el embargo y notificará al interesado que puede hacer valer el recurso administrativo de inconformidad o el juicio contencioso administrativo.

 En todo momento los opositores podrán ocurrir ante la oficina ejecutora haciéndole saber la existencia de otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal libres de gravamen y suficientes para responder de las prestaciones fiscales exigidas. Esas informaciones no obligarán a la oficina ejecutora a levantar el embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición.

Artículo 80.- Si los bienes señalados para trabar la ejecución estuvieren embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, de cualquier modo se practicará el embargo. Los bienes embargados se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor, excepto en los casos en que exista un depositario judicial, y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que los interesados puedan hacer valer el medio de impugnación respectivo.

Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de autoridades fiscales, federales o locales, se practicará el embargo, entregándose los bienes al depositario que designe la autoridad ejecutora, excepto en los casos en que se demuestre que existe ya un depositario, y se dará aviso a la autoridad federal o local.

En caso de inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tribunales competentes; en tanto se resuelve el procedimiento respectivo, no se hará aplicación del producto del remate. Si la controversia se da entre autoridades estatales y municipales, será resuelta por el Tribunal en términos de esta ley.

Artículo 81.- Quedan exceptuados de embargo:

           I.          El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;

         II.          Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo, a criterio razonado del ejecutor;

        III.          Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor;

     IV.          La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones industriales, comerciales o agrícolas, en cuanto fueren necesarias para su funcionamiento, a criterio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación a que estén destinados;

       V.          Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes;

     VI.          Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras;

    VII.          El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

  VIII.          Los derechos de uso o de habitación;

     IX.          El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

       X.          Los sueldos y salarios;

     XI.          Las pensiones de cualquier tipo; y

    XII.          Los ejidos.

Artículo 82.- El ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para garantizar las prestaciones pendientes de pago, los gastos de ejecución y los vencimientos futuros, poniendo todo lo embargado, previa identificación, bajo la guarda de los depositarios que fueren necesarios y que, salvo cuando los hubiere designado anticipadamente la oficina ejecutora, nombrará el ejecutor en el mismo acto de la diligencia. El nombramiento de depositario podrá recaer en el ejecutado.

Artículo 83.- El embargo de créditos será notificado personalmente por el ejecutor a los deudores de los créditos para que hagan el pago de las cantidades respectivas en la caja de la oficina ejecutora, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

Llegado el caso de que un deudor, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, hiciere pago de un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad, el jefe de la oficina ejecutora requerirá al acreedor embargado para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito, sin perjuicio de las determinaciones de las autoridades judiciales competentes.

En el caso de abstención del acreedor, transcurrido el plazo indicado, el jefe de la oficina firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público de la Propiedad para los efectos procedentes.

Artículo 84.- Cuando se embarguen dinero, metales preciosos, alhajas, objetos de arte o valores mobiliarios, el ejecutor o el depositario los entregará inmediatamente, previo inventario, en la caja de la oficina ejecutora.

Artículo 85.- Si el deudor o cualquier otra persona impidiere materialmente al ejecutor el acceso al domicilio fiscal de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante los procedimientos de ejecución.

Artículo 86.- Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas, en los que se presuma existen bienes muebles embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado y motivado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fueren necesarias para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia.

De igual forma procederá el ejecutor cuando las personas con quienes se entienda la diligencia no abrieren los muebles en los que aquél suponga, por algún motivo, la existencia de dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras, el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles cerrados y en su contenido; los sellará para garantizar su inviolabilidad y enviará en depósito a la oficina ejecutora, donde serán abiertos en el término no mayor de tres días por el deudor o su representante legal y, en caso contrario, por un experto designado por la propia oficina.

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas y otros objetos unidos a un inmueble o éstos resultaren de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Artículo 87.- Cualquier otra dificultad que se suscite tampoco impedirá la prosecución de la diligencia de embargo. El ejecutor la subsanará discrecionalmente, a reserva de lo que disponga el jefe de la oficina ejecutora.

Artículo 88.- El jefe de la oficina ejecutora, bajo su responsabilidad, nombrará y removerá libremente a los depositarios, quienes tendrán el carácter de administradores en los embargos de bienes inmuebles y de interventores encargados de la caja de las negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, sin perjuicio de las determinaciones de las autoridades judiciales competentes.

Artículo 89.- El depositario, sea administrador o interventor, desempeñará su cargo dentro de las normas jurídicas en vigor, con todas las facultades o responsabilidades inherentes y tendrá en particular las siguientes obligaciones:

           I.          Garantizar su manejo a satisfacción de la oficina ejecutora;

         II.          Manifestar a la oficina su domicilio y casa habitación, así como los cambios de habitación o domicilio;

        III.          Remitir a la oficina inventarios de los bienes o negociaciones objeto del embargo, con expresión de los valores determinados en el momento de la diligencia, incluso los de arrendamiento, si se hicieron constar en la misma, o, en caso contrario, luego que sean recabados. En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lugar donde se guarden, a cuyo respecto todo depositario dará cuenta a la misma oficina de los cambios de localización que se efectuaren;

     IV.          Recaudar los frutos y productos de los bienes embargados o los resultados netos de las negociaciones intervenidas y entregar su importe en la caja de la oficina diariamente o a medida que se efectúe la recaudación;

       V.          Ejercitar ante las autoridades competentes las acciones y actos de gestión necesarios para hacer efectivos los créditos materia del depósito o incluidos en él, así como las rentas, regalías y cualesquiera otras prestaciones en numerario o en especie;

     VI.          Erogar gastos de administración, mediante aprobación de la oficina ejecutora, cuando sean depositarios administradores, o ministrar el importe de tales gastos previa la comprobación procedente, si sólo fueren depositarios interventores;

    VII.          Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora; y

  VIII.          El depositario interventor que tuviere conocimiento de irregularidades en el manejo de las negociaciones sujetas a embargo o de operaciones que pongan en peligro los intereses fiscales, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger los intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. Si las medidas urgentes que dicten los depositarios interventores no fueren acatadas por el deudor o el personal de la negociación, la oficina ejecutora ordenará de plano que el depositario interventor se convierta en administrador o sea sustituido por un depositario administrador, quien tomará posesión de su cargo desde luego.

Artículo 90.- El embargo de bienes inmuebles, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad.

Cuando los bienes inmuebles, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del Registro Público de la Propiedad, en todas ellas se inscribirá el embargo.

Artículo 91.- Los embargos podrán ampliarse en cualquier momento del procedimiento de ejecución, cuando la autoridad ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir las prestaciones fiscales insolutas y los vencimientos inmediatos.

Artículo 92.- La venta de bienes embargados, procederá:

           I.          Al décimo sexto día de practicado el embargo, si en contra de éste no se hubiere hecho valer algún medio de impugnación, o si se hubiere promovido, cuando quede firme la resolución confirmatoria del acto impugnado; y

         II.          En el caso de embargo precautorio, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.

Artículo 93.- Salvo los casos que esta ley autoriza, toda venta se hará en subasta pública que se celebrará en el local de la oficina ejecutora.

La autoridad fiscal podrá designar otro lugar, para la venta u ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o fracciones o en piezas sueltas, con el objeto de obtener un mayor rendimiento.

Artículo 94.- Cuando las autoridades no fiscales estatales o municipales, saquen a remate bienes ya embargados por el fisco, se considerará crédito preferente el de éste último.

Artículo 95.- La base para el remate de los bienes embargados será  la que resulte de la valuación por peritos, cuyas designaciones se harán por la oficina ejecutora, de entre los adscritos a las dependencias públicas. La autoridad notificará personalmente al deudor el avalúo practicado, para que en su caso pueda impugnarlo. También podrá considerarse como base para el remate, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el deudor si este solicitare un convenio al respecto.

Artículo 96.- El remate deberá ser convocado para una fecha fijada dentro de los treinta días siguientes a la determinación del precio que deberá servir de base. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días antes de la fecha del remate.

La convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se estimen convenientes. Cuando el valor de los bienes muebles o inmuebles exceda de la cantidad que corresponda a una vez el salario mínimo general del estado elevado al año, la convocatoria se publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación si lo hubiere donde resida la autoridad ejecutora, por dos veces consecutivas.

En todo caso, a petición del deudor, y previo pago del costo, la autoridad ejecutora puede ordenar una publicidad más amplia, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 97.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, que deberá obtenerse oportunamente, serán citados para el acto del remate y, en caso de no ser factible, se tendrá como citación la que se haga en las convocatorias en que se anuncie el remate en las que deberá expresarse el nombre de los acreedores.

Los acreedores a que alude el párrafo anterior tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán resueltas por la autoridad ejecutora en el acto de la diligencia.

Artículo 98.- Mientras no se finque el remate, el deudor puede hacer el pago de las cantidades reclamadas, de los vencimientos ocurridos y de los gastos de ejecución,  en cuyo caso se levantará el embargo.

Una vez que el embargado efectúe el pago correspondiente, deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición, y en caso de no hacerlo, se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

Artículo 99.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate.

En toda postura deberá ofrecerse de contado por lo menos la parte suficiente para cubrir el interés fiscal. Si éste es superado por la base fijada para la venta, la diferencia que resulte podrá reconocerse en favor del deudor ejecutado.

Artículo 100.- Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un certificado de depósito, por un importe cuando menos del diez por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria, expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto; en las poblaciones donde no haya alguna de esas instituciones, el depósito se hará en efectivo en la propia oficina ejecutora.

El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la oficina ejecutora, se devolverán los certificados de depósito a los postores, excepto el que corresponda al postor admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del precio de venta.

Artículo 102.- Las posturas deberán contener los siguientes datos:

           I.          Nombre, edad, nacionalidad, capacidad legal, estado civil, profesión y domicilio del postor. Si fuere una sociedad, los datos principales de su constitución;

         II.          Las cantidades que se ofrezcan; y

        III.          Lo que se ofrezca de contado y los términos en que haya de pagarse la diferencia.

Artículo 103.- En el día y hora señalados en la convocatoria, el jefe de la oficina ejecutora, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado posturas, hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos sucesivos de cinco minutos a cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la mejor postura.

Si en la última postura se ofrece igual suma de contado, por dos o más licitantes, se designará por suerte la que deba aceptarse.

Artículo 104.- Fincado el remate de bienes muebles, se aplicará el depósito constituido y el postor, dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad de contado ofrecida en su postura, o mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte del precio que quedare adeudado.

Tan pronto como el postor hubiere cumplido con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, la oficina ejecutora procederá a entregar los bienes que le hubieren adjudicado.

Una vez adjudicados los bienes al adquiriente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición; en caso de no hacerlo, se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

Artículo 105.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones, se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura, o la que resulte de las mejoras.

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior, y designado en su caso el notario público por el postor, se citará al ejecutado para que, dentro de un plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía. El ejecutado, aun en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.

Artículo 106.- Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del postor libres de todo gravamen, y a fin de que se cancelen los que reportaren, el jefe de la oficina ejecutora que finque el remate deberá comunicar al Registro Público de la Propiedad respectivo la transmisión de dominio de los inmuebles.

Los registradores o encargados del Registro Público de la Propiedad deberán inscribir las transmisiones de dominio de bienes inmuebles que resulten de los remates celebrados por las oficinas ejecutoras, y procederán a hacer las cancelaciones de gravámenes que sean procedentes como consecuencia de la transmisión o adjudicación.

Artículo 107.- Después de que se hubiere otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, el jefe de la oficina ejecutora dispondrá que se entregue al adquiriente, dando las órdenes necesarias, aun las de desocupación, si estuviere habitado por el deudor o por terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso.

Artículo 108.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas ejecutoras y personal de las mismas y a las personas que hubieren intervenido por parte del fisco en los procedimientos de ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo, y los infractores serán castigados en términos de ley.

Artículo 109.- El producto del remate se aplicará al pago del interés fiscal en el siguiente orden:

           I.          Los gastos de ejecución,  a saber:

a)      Los honorarios de los ejecutores, depositarios y peritos, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones reglamentarias;

b)      Los de impresión y publicación de convocatorias;

c)      Los de transporte del personal ejecutor y de los bienes muebles embargados; y

d)      Los demás que, con el carácter de extraordinarios, eroguen las oficinas ejecutoras con motivo del procedimiento de ejecución.

         II.          Los recargos, multas y demás accesorios;

        III.          Los impuestos, derechos, aportaciones de mejoras y aprovechamientos que motivaron el embargo, por su orden de antigüedad; y

     IV.          Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento administrativo.

Artículo 110.- El fisco estatal o municipal tendrán preferencia para adjudicarse, en cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate:

           I.          A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la almoneda siguiente;

         II.          A falta de pujas, por la base de la postura legal, no mejorada;

        III.          En caso de postura o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido el empate; y

     IV.          Hasta por el monto del adeudo si éste no excediere la cantidad en que deba fincarse el remate en la segunda almoneda.

Artículo 111.- Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para que, dentro de los quince días siguientes se lleve a cabo una segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en términos de ley, con la salvedad de que la publicación se hará por una sola vez.

La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo un veinte por ciento de la señalada para la primera.

Artículo 112.- Los bienes embargados podrán venderse fuera de subasta, cuando:

           I.          El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, o se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes embargados en los avalúos respectivos;

         II.          Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no puedan guardarse o depositarse en lugares apropiados para su conservación; y

        III.          Se trate de bienes que habiendo salido a remate en segunda almoneda, no se hubieran presentado postores.

Artículo 113.- Las cantidades excedentes después de haber hecho la aplicación del producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes embargados, se entregarán al embargado, salvo que medie orden escrita de autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que se haga entrega total o parcial del saldo a un tercero.

En caso de conflicto, el remanente se depositará en una institución de crédito autorizada, en tanto resuelven las autoridades competentes.

Artículo 114.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal se harán efectivas por medio del procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando la garantía fuere dinero en efectivo depositado en la institución de crédito que corresponda, será declarada en definitiva la aplicación del depósito a favor del erario público y enterado su monto en la oficina ejecutora correspondiente.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD

Artículo 115.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o iniciar juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal.

Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos a quienes se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables.

Artículo 116- El recurso administrativo de inconformidad procede en contra de:

           I.          Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;

         II.          Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y

        III.          Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal.

Artículo 117- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes al que surta efectos su notificación, y será resuelto por su superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga de una autoridad que no lo tenga o del titular de una dependencia, casos en los que el recurso será resuelto por el mismo.

Artículo 118.- El escrito de interposición del recurso deberá llenar los siguientes requisitos formales:

           I.          El nombre y domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, de quien promueva en su nombre;

         II.          La resolución impugnada;

        III.          El nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere;

     IV.          Las pretensiones que se deducen;

       V.          La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado;

     VI.          Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente;

    VII.          Las disposiciones legales violadas, de ser posible;

  VIII.          Las pruebas que se ofrezcan;

     IX.          La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y

       X.          La firma autógrafa del promovente, y en los casos en que éste no sepa o no pueda firmar, su huella digital.

Artículo 119.- El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso:

           I.          El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio;

         II.          El documento en el que conste el acto impugnado, si se le hubiere entregado;

        III.          Los documentos que ofrezca como prueba; y

     IV.          El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas pruebas.

Artículo 120.- Si al examinarse el escrito de interposición se advierte que éste carece de algún requisito formal o que no se adjuntan los documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá al recurrente para que, en el término de tres días, aclare y complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, se desechará de plano el escrito o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según el caso.

Artículo 121.- Cuando sea procedente el recurso, se dictará acuerdo sobre su admisión, en el que también se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo.

Artículo 122.- La autoridad administrativa competente desechará el recurso, cuando:

           I.          El escrito de interposición no contenga la firma autógrafa o huella digital del promovente;

         II.          Si encontrare motivo manifiesto e indubitable de improcedencia; y

        III.          Cuando prevenido el recurrente para que aclare, corrija o complete el escrito de interposición, no lo hiciere.

Artículo 123.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

           I.          Lo solicite expresamente el recurrente;

         II.          Se admita el recurso y la autoridad administrativa acuerde procedente la suspensión;

        III.          No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;

     IV.          No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y

       V.          Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, y así lo acuerde la autoridad.

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren ya secuestrado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal.

Artículo 124.- Es improcedente el recurso:

           I.          Contra actos que se encuentren en trámite, o que hayan sido impugnados en un anterior recurso administrativo o en un proceso jurisdiccional, siempre que exista resolución ejecutoria que decida el asunto planteado;

         II.          Contra actos que sean materia de un recurso o de un proceso jurisdiccional que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y se trate del mismo acto impugnado.

        III.          Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del recurrente;

     IV.          Contra actos que se hubieren consentido expresamente por el recurrente, mediante manifestaciones escritas de carácter indubitable;

       V.          Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos cuando el recurso no se hubiere promovido en el plazo señalado para el efecto;

     VI.          Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y

    VII.          En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.

Artículo 125.- Será sobreseído el recurso cuando:

           I.          El recurrente se desista expresamente del recurso;

         II.          Durante el procedimiento apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia del recurso;

        III.          El recurrente fallezca durante el procedimiento, siempre que el acto sólo afecte sus derechos estrictamente personales;

     IV.          La autoridad haya satisfecho claramente las pretensiones del recurrente;

       V.          Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto impugnado; y

     VI.          En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución que decida el asunto planteado.

Artículo 126.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

La autoridad deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.

Artículo 127.- La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

La tramitación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.

Artículo 128.- La autoridad competente dictará resolución y la notificará en un término que no exceda de treinta días siguientes a la fecha de interposición del recurso. Para efectos de impugnación, el silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.

El recurrente podrá decidir entre esperar la resolución expresa o promover juicio ante el Tribunal, en contra de la presunta confirmación del acto reclamado.

Artículo 129.- En la resolución expresa que decida el recurso planteado, se contendrán los siguientes elementos:

           I.          El examen de todas y cada una de las cuestiones hechas valer por el recurrente, salvo que una o algunas sean suficientes para desvirtuar la validez del acto impugnado;

         II.          El examen y la valorización de las pruebas aportadas;

        III.          La motivación y fundamentación legal que la sustenten; y

     IV.          La expresión en los puntos resolutivos de la reposición del procedimiento que se ordene; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; los términos de la modificación del acto impugnado; la condena que en su caso se decrete y, de ser posible, los efectos de la resolución.

TÍTULO CUARTO

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT

CAPÍTULO PRIMERO

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 130.- La jurisdicción administrativa en el estado de Nayarit se ejerce por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad, dotado de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, así como de independencia presupuestal para garantizar la imparcialidad de su actuación.

Artículo 131.- El Tribunal tiene jurisdicción y competencia en el estado de Nayarit para dirimir las controversias administrativas y fiscales que se den entre la administración pública del estado, municipios y organismos descentralizados estatales y municipales con funciones de autoridad y los particulares, así como para resolver las impugnaciones que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con excepción de las relativas a juicio político y declaración de procedencia.

SECCION SEGUNDA

INTEGRACION DEL TRIBUNAL

Artículo 132.- El Tribunal se integra por una sala colegiada con sede en la capital del estado, compuesta de tres magistrados que resolverán en pleno.

Artículo 133.- El Presidente del Tribunal será electo por los miembros de la sala de entre los integrantes de ésta, y durará en su encargo dos años, con la posibilidad de ser reelecto, sin perjuicio de que, una vez que deje el cargo de Presidente, continúe como magistrado por el periodo respectivo. El Presidente del Tribunal ejercerá también las funciones de magistrado del mismo.

Artículo 134.- Para ser magistrado del Tribunal se requiere:

           I.          Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

         II.          Tener más de 30 años al día de la designación;

        III.          Ser originario del estado de Nayarit o haber residido en el mismo durante los dos años anteriores al día de la designación;

     IV.          Ser licenciado en derecho con título profesional, con cinco años de antigüedad al día de la designación;

       V.          Tener por lo menos tres años de práctica profesional en materia administrativa o fiscal;

     VI.          Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o alguno otro que lastime seriamente la fama en el servicio público inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

    VII.          No tener ni haber tenido cargo alguno  de elección popular durante el año anterior al nombramiento, ni haber sido secretario del despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o haber pertenecido a las fuerzas armadas; y

  VIII.          No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado formal y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años anteriores al día de la designación.

Artículo 135.- Para designar a los magistrados del Tribunal, el Gobernador del estado someterá una lista de por lo menos nueve y máximo doce candidatos a consideración del Congreso del Estado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará  a tres de ellos por al menos el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, dentro del improrrogable término de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de este término, ocuparán los cargos de magistrados las personas que, dentro de dicha lista, designe el Gobernador.

Si el Congreso resolviere no designar a los tres magistrados dentro de los propuestos en la lista, el Gobernador someterá a su consideración una nueva de la que se excluirán a los candidatos rechazados, procediéndose en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda lista fuere rechazada, o no se alcanzaran al menos las dos terceras partes, ocuparán el cargo de magistrados las personas que se elijan por sorteo de entre los propuestos en ambas listas siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

Para la integración de la lista a que aluden los párrafos anteriores, el Gobernador consultará a las instituciones de educación superior del estado, así como a las asociaciones de profesionales vinculados a las materias fiscal y administrativa.

Artículo 136.- Los magistrados percibirán sus emolumentos y prestaciones de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado, mismos que por ningún motivo podrán ser disminuidos durante su encargo.

Artículo 137.- Los magistrados durarán en su encargo 6 años, con la posibilidad de un nuevo nombramiento por una sola vez y por el mismo periodo. Sólo podrán ser privados de su cargo por el Congreso, en los casos y de acuerdo con el procedimiento que marca la Constitución Política y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 138.- Las faltas temporales de los magistrados serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos. Las definitivas se comunicarán al Gobernador  para que en un plazo que no exceda de 15 días, proceda a proponer al Congreso una terna de la cual se eligirá al magistrado que supla la vacante por el tiempo que falte para concluir el periodo, de conformidad, en lo conducente, a los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 135 de esta ley. El Congreso o, en sus recesos, la Diputación Permanente,  emitirá su resolución dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la propuesta del Gobernador.

Artículo 139.- Las licencias de los magistrados, cuando no excedan de 90 días, serán  concedidas por el Tribunal; las que excedan de este término, pero no de dos años, las concederá el Gobernador con la aprobación del Congreso o, en sus recesos, por la Diputación Permanente.

Los magistrados que gocen de licencia no podrán desempeñar ninguno de los cargos a que alude la fracción VII del artículo 134 de esta ley.

Artículo 140.- El Tribunal contará con un secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios, defensores de lo administrativo, jefes de unidad y demás servidores públicos necesarios para su funcionamiento.

El ingreso y promoción de estos servidores públicos se determinará por el Tribunal tomando en cuenta los factores de honestidad, preparación, eficiencia y antigüedad, de acuerdo con el sistema de carrera del Tribunal.

Artículo 141.- Las atribuciones especificas de los magistrados, secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios, defensores de lo administrativo, jefes de unidad y demás servidores públicos se precisarán en el Reglamento Interior del Tribunal. A dichos servidores públicos les corresponden, de manera genérica, las siguientes atribuciones:

           I.          A los magistrados, dar trámite a los asuntos de su competencia, dictando los acuerdos, las sentencias y, en general, las resoluciones que procedan, de conformidad con lo que establezca el Reglamento Interno del Tribunal;

         II.          Al Secretario General de Acuerdos, dar trámite, mediante acuerdo del Presidente en los casos que así proceda, a los asuntos y a la correspondencia;

        III.          A los secretarios proyectistas, elaborar los proyectos de resolución de juicios contencioso, administrativos y de recursos de reconsideración, así como realizar los estudios en materia administrativa y fiscal que se les encomienden;

     IV.          A los actuarios, notificar y hacer las diligencias que correspondan en la forma y tiempo prescritos por la ley, a las resoluciones que se les turnen, teniendo fe pública en la práctica de las notificaciones y diligencias que realicen;

       V.          A los defensores de lo administrativo, asesorar y patrocinar gratuitamente a los particulares, en especial a los más necesitados por su condición económica y cultural, en la tramitación de los juicios administrativos y de los recursos de reconsideración; y

     VI.          A los jefes de unidad, tramitar los asuntos de su competencia, en los aspectos administrativos, contables, presupuestales, de documentación y difusión, de estudios y proyectos, de defensoría administrativa o de informática.

Artículo 142.- Los magistrados, secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios, defensores de lo administrativo y jefes de unidad, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo en la federación, estado, municipios, otras entidades federativas, o de algún particular, excepto los de carácter docente, siempre que su desempeño no afecte las funciones propias de estos servidores públicos. También estarán impedidos para ejercer la profesión de abogado, salvo en causa propia, de su cónyuge o de sus familiares hasta el cuarto grado. Tampoco podrán ser ministros de algún culto religioso.

Artículo 143.- Los magistrados, secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios, defensores de lo administrativo y jefes de unidad, que cumplan 70 años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental para el desempeño de su cargo, no podrán seguir prestando sus servicios en el Tribunal; percibirán las prestaciones que establezca la legislación aplicable.

SECCIÓN TERCERA

DE LA SALA DEL TRIBUNAL

Artículo 144.- Las resoluciones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

Artículo 145.- La Sala del Tribunal funcionará con el total de sus integrantes; cuando no asista alguno de los magistrados, éste se suplirá con la asistencia del secretario general de acuerdos.

Cuando el secretario general de acuerdos supla a uno de los magistrados, el secretario proyectista que designe la Sala, suplirá a su vez al secretario general de acuerdos.

Artículo 146.- Son atribuciones de la Sala:

           I.          Designar al presidente del Tribunal;

         II.          Aprobar la integración de la jurisprudencia del Tribunal;

        III.          Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal;

     IV.          Conceder licencias a los magistrados del Tribunal, en términos del artículo 139 de esta ley;

       V.          Designar a quienes suplan las ausencias temporales de los magistrados del Tribunal;

     VI.          Nombrar y remover al secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios, defensores de lo administrativo y jefes de unidad del Tribunal;

    VII.          Formular anualmente el presupuesto de egresos del Tribunal;

  VIII.          Expedir y reformar el Reglamento Interior del Tribunal, así como las demás disposiciones necesarias para su buen funcionamiento;

     IX.          Presentar, por conducto del presidente del Tribunal, propuestas de reformas a la legislación administrativa y fiscal del estado y municipios; ante las autoridades administrativas competentes;

       X.          Resolver sobre las excitativas de justicia que se promuevan en contra de los magistrados del Tribunal;

     XI.          Calificar las excusas por impedimento de los magistrados del Tribunal  y, en su caso, designar al magistrado que deba sustituirlos;

    XII.          Expedir el calendario laboral del Tribunal para el año siguiente, el cual incluirá dos periodos vacacionales de diez días hábiles cada uno, y el señalamiento de los días inhábiles, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el mes de diciembre; y

  XIII.          Las demás que establezca esta ley.

SECCIÓN CUARTA

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Artículo 147.- El presidente del Tribunal será designado en la primera sesión de la Sala del año que corresponda, a la que se convocará a los magistrados que la integren.

Artículo 148.- El presidente del Tribunal será suplido en sus faltas temporales por el magistrado que designe la Sala. Si la falta es definitiva, se designará por la Sala de entre los magistrados al nuevo Presidente para concluir el período del anterior.

Artículo 149.- Son atribuciones del presidente del Tribunal:

           I.          Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y particulares, pudiendo delegar esta atribución, bajo su responsabilidad, al integrante del Tribunal que decida;

         II.          Despachar la correspondencia del Tribunal;

        III.          Convocar a sesiones de la Sala, dirigir los debates y conservar el orden en ellas;

     IV.          Proponer a la Sala la designación del secretario general de acuerdos;

       V.          Nombrar y remover al personal jurídico y administrativo necesario para el buen funcionamiento del Tribunal, en los casos en que su nombramiento y remoción no corresponda a la Sala;

     VI.          Conceder o negar licencias al personal jurídico y administrativo del Tribunal cuyo otorgamiento no corresponda a la Sala;

    VII.          Evaluar la actuación de los servidores públicos del Tribunal;

  VIII.          Imponer las sanciones administrativas que procedan a los servidores públicos del Tribunal, conforme a las disposiciones legales aplicables;

     IX.          Administrar el presupuesto del Tribunal;

       X.          Autorizar, en unión del secretario general de acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de éste;

     XI.          Rendir a la Sala, en el último mes de cada año, un informe de las actividades;

    XII.          Publicar la jurisprudencia del Tribunal, así como aquellas sentencias que considere que deban darse a conocer por ser de interés general; y

  XIII.          Las demás que establezca esta ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 150.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:

           I.          Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo; en este último caso, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones;

         II.          Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, que afecten derechos de particulares;

        III.          Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades indicadas en la fracción I, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal;

     IV.          De los actos administrativos y fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de esta ley;

       V.          De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares conforme a las disposiciones de este ordenamiento;

     VI.          Las omisiones de las autoridades señaladas en la fracción I para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos treinta días siguientes a su presentación;

    VII.          Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades indicadas en la fracción I, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover el juicio contencioso administrativo, tramitar cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones;

  VIII.          Las resoluciones que, al ser favorables a los particulares, causen una lesión a la hacienda pública del estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal;

     IX.          Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo;

       X.          Las resoluciones definitivas que se dicten en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con excepción de las relativas al juicio político y a la declaración de procedencia.

     XI.          Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.

Artículo 151.- Serán partes en el juicio:

           I.          El actor;

         II.          El demandado. Tendrá ese carácter:

a)         La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado.

b)        La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones de particulares.

c)         La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general.

d)        El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal.

e)         La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo.

        III.          El tercero interesado, el cual es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal.

Artículo 153.- Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público, e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado, como de los integrantes  de un grupo de individuos diferenciados del conjunto general de la sociedad.

Artículo 154.- En el proceso administrativo no procederá la gestión oficiosa, salvo lo establecido en el artículo 164. El particular que promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos.

La representación de las autoridades corresponderá a los servidores públicos que señalen, en su caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad administrativa, ésta será admitida en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas.

Artículo 155.- Los particulares, en el primer escrito que presenten, deberán señalar domicilio en la capital del estado, para que se les hagan las notificaciones personales indicadas en esta ley. En caso contrario, las notificaciones que deban ser personales se efectuarán en los estrados del Tribunal.

Artículo 156.- Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en la audiencia, recibir documentos y presentar otras promociones en el juicio. Esta persona no podrá desistirse del juicio o recurso respectivo, ni delegar sus facultades en terceros, salvo que exista autorización expresa al respecto.

Artículo 157.- Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto de las Salas del Tribunal, se encomendarán a los secretarios de acuerdos o actuarios de la propia Sala.

Las diligencias que deban realizarse fuera del territorio del estado, se encomendarán por medio de exhorto al Tribunal Administrativo o Tribunal Judicial de la entidad federativa correspondiente. El Tribunal, a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto al particular interesado, quien bajo su más estricta responsabilidad lo hará llegar al Tribunal exhortado para su desahogo; pudiéndose devolver el documento de que conste la diligencia por conducto del mismo particular.

Los exhortos que reciba el Tribunal se desahogarán dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

Artículo 158.- Los secretarios de acuerdos autorizarán las actuaciones jurisdiccionales. También cuidarán de que los expedientes sean foliados al agregarse cada una de las hojas, las rubricarán en el centro de lo escrito y pondrán el sello oficial en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras.

Artículo 159.- Las resoluciones del Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de trámite. Son sentencias interlocutorias las que ponen fin al juicio o recurso, sin decidir la cuestión principal. Las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio o recurso en lo principal.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA DEMANDA

Artículo 160- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse, directamente o por correo certificado; con acuse de recibo, ante la Sala, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto que se impugna o aquel en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes:

           I.          Tratándose de la resolución negativa ficta, así como de omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa;

         II.          En los casos de expedición de reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones de carácter general de naturaleza administrativa o fiscal, podrá presentarse la demanda, dentro del plazo de treinta días posteriores a la fecha en que entren en vigor. También podrán impugnarse estas disposiciones generales, conjuntamente con su primer acto de aplicación;

        III.          Cuando se pida la invalidez de una resolución fiscal favorable a un particular, la demanda deberá presentarse dentro del año siguiente a la fecha de emisión de la resolución; y

     IV.          Sólo tratándose de los casos que a continuación se enlistan, podrá ampliarse la demanda, dentro de los diez días posteriores a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo de admisión de la contestación de demanda:

a)         Cuando se impugne una resolución negativa ficta;

b)        Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda o contra otro no conocido por el actor, así como contra su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. En estos casos la autoridad demandada al contestar la demanda, deberá acompañar las constancias de los actos administrativos y de sus notificaciones;

c)         Cuando, con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.

Artículo 161.- La demanda y, en lo conducente, su ampliación, deberá contener los siguientes requisitos formales:

           I.          El nombre y domicilio del actor para recibir notificaciones y, en su caso, de quien promueva en su nombre;

         II.          El acto o la disposición general que se impugna;

        III.          Las autoridades o particulares que se demanden, en su caso;

     IV.          El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere;

       V.          Las pretensiones que se deducen;

     VI.          La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado;

    VII.          La fecha en que entró en vigor la disposición general impugnada, en su caso;

  VIII.          Los hechos que sustenten la impugnación del actor;

     IX.          Los conceptos de impugnación y, de ser posible, las disposiciones legales violadas;

       X.          Las pruebas que se ofrezcan;

     XI.          La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y

    XII.          La firma autógrafa del promovente y, en los casos en que éste no sepa o no pueda firmar, su huella digital.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar las copias necesarias para el traslado y las pruebas y documentos que, en su caso, se presenten.

Artículo 162.- El actor podrá incluir en las pretensiones que se deduzcan en la demanda, el pago de daños y perjuicios que se le hayan causado directamente, en forma dolosa o por culpa grave de algún servidor público, en la emisión o ejecución del acto impugnado, ofreciendo las pruebas específicas que acrediten la existencia de los mismos.

Artículo 163.- El actor deberá adjuntar a la demanda:

           I.          Una copia de la demanda para cada una de las partes, así como una copia de los documentos anexos para el titular de la dependencia u organismo demandado, y para cada uno de los terceros interesados.

         II.          El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio;

        III.          La copia de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad, que incluya el sello o datos de su recepción, en su caso;

     IV.          Los documentos que ofrezca como prueba; y

       V.          El pliego de posiciones, el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas pruebas.

Artículo 164.- Cuando haya necesidad de impugnar actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, la demanda podrá presentarse por cualquier persona, a nombre del actor, en forma escrita o verbal. El magistrado instructor dictará las medidas necesarias para que, en su caso, el personal del  Tribunal documente la demanda verbal y el actor la ratifique con posterioridad a su admisión.

Artículo 165.- Si al examinarse la demanda se advierte que ésta carece de algún requisito formal, el magistrado instructor prevendrá al actor para que lo subsane en un plazo máximo de tres días; si éste no lo hiciere, la demanda será desechada cuando así procediere, o se admitirá en los términos en que fue presentada originalmente.

Artículo 166- En su caso, se dictará acuerdo sobre admisión de la demanda, a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo y se señalará fecha para la audiencia del juicio, dentro de un plazo que no excederá de los veinte días siguientes.

El magistrado instructor, antes de desechar cualquier prueba, deberá prevenir al oferente para que, en el término de tres días, aclare, corrija o complete su ofrecimiento, apercibiéndolo del desechamiento de la prueba si no lo hiciere.

Artículo 167- La Sala desechará la demanda, cuando:

           I.          No contenga la firma autógrafa o huella digital del promovente.

         II.           Prevenido el actor para que la subsane, no lo hiciere;

        III.          Encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este caso no será aplicable el artículo 165.

SECCIÓN TERCERA

DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Artículo 168.- Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a los demandados, emplazándolos para que la contesten dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. Cuando fueren varios los demandados, el término correrá individualmente.

El plazo para contestar la ampliación de demanda será de cinco días posteriores a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita.

Artículo 169.- La contestación de demanda expresará:

           I.          Los incidentes a que hubiere lugar;

         II.          Las cuestiones que impidan se emita decisión en cuanto al fondo del asunto, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda;

        III.          Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el actor le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso;

     IV.          Las consideraciones que tiendan a demostrar la ineficacia de los motivos de impugnación del actor;

       V.          Las pruebas que el demandado ofrezca; y

     VI.          Nombre y domicilio del tercero interesado, cuando exista y no haya sido señalado por el actor.

           I.          Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las demás partes;

         II.          Los documentos que ofrezca como prueba; y

        III.          El pliego de posiciones, el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial y el cuestionario para los peritos o su correspondiente adición, en caso de ofrecimiento de estas pruebas.

Artículo 171.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo acuerdo se tendrán por admitidas o desechadas las pruebas ofrecidas y se emitirán, en su caso, las providencias necesarias para su desahogo.

Artículo 172.- El tercero interesado podrá apersonarse a juicio a más tardar en la audiencia, formulando alegatos y aportando las pruebas que considere pertinentes.

Artículo 173.- Si la parte demandada no contesta dentro del término legal respectivo, el Tribunal tendrá por confesados los hechos que el actor le atribuye de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas legalmente, o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

Artículo 174.- En los juicios en que no exista tercero interesado, las autoridades u organismos demandados podrán allanarse a la demanda, en cuyo caso se dictará de inmediato la resolución favorable a la parte actora, si legalmente procediere.

SECCIÓN CUARTA

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

Artículo 175.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda.

En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto.

Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento.

Artículo 176.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión cuando se siguiere perjuicio al  interés social, se contravinieren disposiciones de orden público o se dejare sin materia el juicio.

La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, actos que impidan a los particulares el acceso a su domicilio, o bien cuando, a criterio del magistrado sea, necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular.

La suspensión podrá ser revocada o modificada por el magistrado en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados por un plazo de tres días, si varían las condiciones por las cuales se otorgó.

Artículo 177.- Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado, discrecionalmente, podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe.

Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previa garantía de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiere constituido de antemano ante la autoridad demandada.

Artículo 178.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor.

Artículo 180.- El acuerdo del magistrado instructor que conceda la suspensión del acto impugnado surtirá sus efectos, aunque se interponga el recurso de reconsideración.

El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de reconsideración; pero si se revoca el acuerdo recurrido y se concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata.

Artículo 181- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que confirme la sentencia. La Sala dará vista a las demás partes por un término de tres días, y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda.

SECCIÓN QUINTA

DE LOS INCIDENTES

Artículo 182.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta ley, serán nulas. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los tres días siguientes a aquél en que conoció el acto motivo de la notificación, ofreciendo pruebas pertinentes en el mismo escrito en que promueva la nulidad.

Si se admite la promoción de nulidad, el magistrado resolverá en un plazo de tres días. En el caso de que se declarare la nulidad, la Sala ordenará reponer el procedimiento a partir de la notificación anulada.

Artículo 183.- Cuando los magistrados del Tribunal tengan impedimento para conocer de algún asunto, harán la manifestación ante la Sala para que lo califique de plano; cuando proceda, ésta designará a quien deba sustituir al magistrado impedido.

Artículo 184.- Contestada la demanda, el magistrado examinará el expediente, y si encontrare acreditada claramente alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, a petición de parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por concluido el juicio. En caso de que la causal no resultare clara, ésta se decidirá en la sentencia que resuelva la cuestión planteada.

Artículo 185.- En cualquier momento de la tramitación del proceso administrativo, las partes podrán llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables. Los acuerdos o convenios respectivos, aprobados por el magistrado instructor, producirán todos los efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecutoria.

Artículo 186- Las demás cuestiones que surjan dentro del procedimiento se decidirán de plano, salvo las que trasciendan al resultado del juicio, las cuales se resolverán en la sentencia. Tales cuestiones se harán valer por la parte interesada dentro de los tres días posteriores a la notificación del acuerdo respectivo y no suspenderán la tramitación del juicio.

SECCIÓN SEXTA

DE LAS REGLAS GENERALES DE LAS PRUEBAS

Artículo 187.- En el procedimiento o el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de los servidores públicos mediante absolución de posiciones, las que no tuvieren relación con el asunto y las que resultaren inútiles para la decisión del caso. Tratándose de los dos últimos supuestos, se deberá motivar cuidadosamente el acuerdo de desechamiento de las pruebas.

Artículo 188.-  El Tribunal podrá decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, o bien acordar la exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se estimen necesarias y sean conducentes para el conocimiento de la verdad sobre el asunto. Se notificará oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus intereses.

Artículo 189.- Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue, a menos que la negativa implique la afirmación de un hecho.

Artículo 190.- Sólo los hechos estarán sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras.

Artículo 191.- Los hechos notorios no necesitarán ser probados y la sala del Tribunal deberán invocarlos, aunque no hubieren sido alegados por las partes.

Artículo 192.- Los servidores públicos y terceros estarán obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio al Tribunal en la averiguación de la verdad; en consecuencia, deberán, sin demora, exhibir los documentos y los objetos que tuvieren en su poder, así como declarar, cuando para ello fueren requeridos. El Tribunal tiene la facultad de compeler a los servidores públicos y a terceros por los medios de apremio para que cumplan con esta obligación; en caso de oposición, oirá las razones en que la funden y resolverá lo conducente.

Artículo 193.- Son medios de prueba:

           I.          La confesional;

         II.          Los documentos públicos y privados;

        III.          La testimonial;

     IV.          La inspección;

       V.          La pericial;

     VI.          La presuncional;

    VII.          La instrumental; y

  VIII.          Los fotogramas y demás elementos aportados por la ciencia y la tecnología.

SECCIÓN SÉPTIMA

DE LA CONFESIONAL

Artículo 194.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa es la que se hace clara y concretamente al formular o contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en cualquier otro acto del proceso administrativo; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace.

Artículo 195.- Durante el proceso o procedimiento administrativo no se admitirá la confesional de los servidores públicos mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta excepción, la petición de informes a los servidores públicos, respecto de hechos que consten en sus expedientes, archivos o registros.

Artículo 196.- Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que tenga poder bastante para absolverlas o se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato.

Artículo 197.- El particular que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar, 48 horas antes de la señalada para la diligencia, bajo el apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso.

Artículo 198.- Si el citado para absolver posiciones comparece, el magistrado instructor abrirá el pliego y procederá a realizar la calificación de las posiciones.

Artículo 199.- Las posiciones serán desechadas, cuando:

           I.          Sean ajenas a la cuestión debatida;

         II.          Se refieran a hechos o circunstancias que ya consten fehacientemente en el expediente;

        III.          Sean contradictorias;

     IV.          No estén formuladas de manera clara y precisa o traten de confundir al absolvente;

       V.          Contengan términos técnicos; y

     VI.          No contengan hechos propios del declarante o se refieran a opiniones, creencias o conceptos subjetivos del mismo.

Artículo 200.- Si fueren varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que sea posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de absolver después.

Artículo 201.- En ningún caso se permitirá que la persona que ha de absolver un pliego de posiciones esté asistida por su defensor, ni se le dará traslado de las posiciones, ni término para que sea aconsejada; pero si el absolvente no habla español,  será asistido por un intérprete nombrado por el magistrado instructor.

Artículo 202.- Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad,  el magistrado instructor procederá al interrogatorio. El interrogatorio será aclarado y explicado al absolvente al formulársele cada pregunta, a fin de que conteste a cada una de ellas con pleno conocimiento de causa.

Las respuestas serán categóricas en sentido afirmativo o negativo, pero quienes respondan podrán agregar las explicaciones que consideren necesarias y, en todo caso, darán las que el magistrado instructor les pida.

Artículo 203.- Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular, oral y directamente, en el mismo acto y previo permiso del Tribunal, nuevas posiciones al absolvente, previa calificación de las mismas.

Artículo 204.- Si la parte absolvente se negare a contestar, contestare con evasivas o manifestare ignorar los hechos propios, el Tribunal la apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud.

Artículo 205.- El Tribunal puede, libremente, en el acto de la diligencia, interrogar al absolvente sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

Artículo 206.- Las declaraciones serán asentadas literalmente a medida que se vayan produciendo, y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlos por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les fueren leídos. Si no supieren firmar pondrán su huella digital, y si no quisieran hacer lo uno ni lo otro, firmará sólo el personal del Tribunal y se hará constar esta circunstancia.

Artículo 207.- Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar conforme con los términos en que se hubieren asentado sus respuestas, el Tribunal decidirá en el acto lo que proceda, determinando si debe hacer alguna rectificación en el acta en el caso de que se hubiere asentado erróneamente alguna respuesta.

Artículo 208.- Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido o, en su defecto, sólo por el personal del Tribunal, no podrán variarse en su sustancia, ni en su redacción.

Artículo 209.- En caso de que la persona que tuviere que declarar no pudiere ocurrir a la diligencia, por enfermedad debidamente comprobada a criterio del Tribunal, se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba, y de subsistir el impedimento,  el personal del Tribunal se trasladará al lugar donde la persona se encuentre, para el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte, en su caso.

Artículo 210.- La persona legalmente citada a absolver posiciones, será tenida por confesa de las preguntas sobre hechos propios que se le formulen y que sean calificadas de legales cuando:

           I.          Sin justa causa no comparezca;

         II.          Insista en negarse a declarar; y

        III.          Al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente, o en manifestar que ignora los hechos.

SECCIÓN OCTAVA

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Artículo 211.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la  ley, dentro de los límites de sus facultades, a las personas dotadas de fe pública, y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en contrario.

Artículo 212.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para los documentos públicos.

Artículo 213.- Los documentos públicos expedidos por autoridades de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios harán fe en el estado sin necesidad de legalización.

Para que hagan fe en la entidad los documentos procedentes del extranjero, deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, o sujetarse a los convenios que el estado haya celebrado en esta materia.

Artículo 214.- Los documentos que se ofrecieren como prueba deberán acompañarse precisamente al escrito inicial, ya fuere la  demanda o la contestación.

Si la parte interesada no tuviere los documentos a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales. Se entenderá que se tiene a su disposición los documentos, siempre que existan los originales en protocolo, registro o archivo público de los que se pueda pedir y obtener copias certificadas de ellos.

Artículo 215.- La presentación de documentos públicos podrá hacerse con copia simple o fotostática, si el interesado manifestare que carece del original o copia certificada, pero no producirá aquélla ningún efecto si antes del dictado de la resolución respectiva no se exhibiere el documento con los requisitos necesarios para que haga fe en el juicio o en el expediente correspondiente.

Artículo 216.- Después de la presentación del escrito inicial, ya sea de la demanda o de la contestación, no se admitirán otros documentos, excepto los que se hallaren en alguno de los casos siguientes:

           I.          Que sean de fecha posterior a los escritos señalados en el párrafo anterior;

         II.          Los de fecha anterior respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada, en su caso; y

        III.          Los que no hubiere sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables a la parte interesada, siempre que se hubiere hecho oportunamente la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales.

Artículo 217.- Los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias certificadas de los documentos que les soliciten las partes. Si los servidores públicos no cumplieren con esa obligación, las partes podrán solicitar, en cualquier momento, al Tribunal, que requiera a los omisos.

Artículo 218.- Los documentos que no se presentaren en lengua española, deberán acompañarse de su traducción, de la que se mandará dar vista a las demás partes para que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Si estuvieren conformes o no contestaren la vista, se estará a la traducción aportada; en caso contrario, la parte que no estuviere conforme presentará su traducción y el Tribunal, con éstas, nombrará traductor, preferentemente de entre los adscritos a las dependencias públicas, para que haga la traducción que tome en cuenta el Tribunal, remitiéndole copia de las traducciones presentadas por las partes y del escrito a traducir.

Artículo 219.- Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas dactilares, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado.

La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos en los que deba hacerse, o pedirá al Tribunal que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letras o huella digital que servirá para el cotejo.

Artículo 220.- Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la notificación del acuerdo que los hubiere tenido como pruebas o, en su caso, al contestar la demanda.

SECCIÓN NOVENA

DE LA TESTIMONIAL

Artículo 221.- Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nombre de los testigos y adjuntarán el interrogatorio correspondiente. Podrán presentarse hasta tres testigos sobre cada hecho.

Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que éste manifieste imposibilidad para hacerlo y proporcione el domicilio de aquéllos, caso en que el Tribunal los citará a declarar.

Artículo 223.- El Tribunal señalará día y hora para la recepción de la prueba testimonial. Las preguntas serán formuladas verbalmente, previa calificación del Tribunal.

Al final del examen de cada testigo, las partes podrán, por una sola vez y en forma oral, formularle repreguntas, previa autorización solicitada a la autoridad. La autorización a una de las partes implica la de la otra.

Artículo 224.- Serán desechadas las preguntas y repreguntas, cuando:

           I.          Fueren ajenas a la cuestión debatida;

         II.          Se refirieren a hechos o circunstancias que ya constaren en el expediente;

        III.          Fueren contradictorias con una pregunta o repregunta anterior;

     IV.          No estuvieren formuladas de manera clara y precisa;

       V.          Contuvieren términos técnicos; y

     VI.          Se refirieren a opiniones, creencias o conceptos subjetivos de los testigos.

Artículo 225.- Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de las penas en que incurre el qué se conduce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación; si es pariente consanguíneo o afín de alguna de las partes y en qué grado; si tiene interés directo en el asunto o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación se procederá al examen, previa calificación de preguntas y repreguntas.

Artículo 226.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil, salvo lo establecido en el artículo 12 de la presente ley.

Artículo 227.- El Tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos, asentándose todo en el acta.

Artículo 228.- Si el testigo no hablare español, rendirá su declaración por medio de intérprete, quien será nombrado de oficio por el Tribunal. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete.

Artículo 229- Cada respuesta del testigo se hará constar en el acta respectiva, en forma que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada. Sólo cuando expresamente lo pida una de las partes, puede el Tribunal permitir que primero se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta.

Artículo 230.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el Tribunal deberá exigirla, explicando previamente en qué consiste.

Artículo 231.- El testigo firmará al calce de su declaración y al margen de las hojas que la contengan, y si no puede, o no sabe firmar, imprimirá su huella digital después de que la leyere por sí mismo o que se le hubiere leído por la autoridad si no puede o no sabe leer, y de que la haya ratificado en ambos casos. La declaración, una vez ratificada, no puede variarse en sustancia, ni en redacción.

Artículo 232.- En el acto del examen de un testigo, pueden las partes interesadas atacar el dicho de aquél por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, ofreciendo en ese momento las pruebas que estimen conducentes. Una vez impugnado el dicho de un testigo, se dará el uso de la palabra al oferente, quien en ese acto podrá ofrecer las pruebas que al respecto considere pertinentes. Las pruebas se desahogarán, en su caso, en un plazo no mayor de tres días que al efecto se fije.

Al valorar la prueba testimonial, la autoridad apreciará las impugnaciones y justificaciones que se hubieren planteado y obren en el expediente.

Artículo 233.- Si algún testigo no pudiere concurrir a la diligencia, por enfermedad debidamente comprobada a criterio  del Tribunal, se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y, de subsistir el impedimento, el personal del Tribunal se trasladará al lugar donde el testigo se encuentre para el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte, en su caso.

Artículo 234.- La prueba testimonial será declarada desierta cuando se acreditare fehacientemente que el testigo no vive en el domicilio señalado por el oferente o cuando, habiéndose comprometido éste a presentarlo, no lo hubiere presentado.

SECCIÓN DÉCIMA

DE LA INSPECCIÓN

Artículo 235.- La inspección puede practicarse a petición de parte, por disposición del Tribunal, con citación previa y expresa, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no requiera conocimientos técnicos especiales. Cuando la prueba se ofrezca por alguna de las partes, ésta indicará con precisión el objeto de la misma, el lugar donde deba practicarse, el período que habrá de abarcar, en su caso, y la relación con los hechos que se quieran probar.

Las partes y sus representantes podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

Artículo 236.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran.

El Tribunal, de oficio o a petición de parte, ordenará se levanten planos o se tomen fotografías o video-grabaciones del lugar o bienes inspeccionados, que se agregarán al acta, para los efectos legales que procedan.

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA

DE LA PERICIAL

Artículo 237.- La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte, y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará.

Los peritos deben tener título en la especialidad a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente reglamentada. Si no la estuviere, podrá ser nombrada cualquier persona entendida, a criterio del Tribunal.

Artículo 238.- Al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará la materia sobre la que deba versar, nombrará a su perito y exhibirá el cuestionario respectivo.

Cuando el Tribunal lo considere indispensable para la solución del asunto, acordará la admisión de la prueba pericial, sea que se ofrezca por alguna de las partes o así se determine de oficio. Al admitirse la prueba, se prevendrá a las demás partes para que nombren al perito que les corresponda y adicionen el cuestionario con lo que les interese. El Tribunal podrá adicionar el cuestionario, cuando se ofrezca por los interesados.

Artículo 239.- En los supuestos en que proceda, de oficio, el Tribunal nombrará a los peritos, preferentemente de entre los adscritos a las dependencias públicas.

Los honorarios de los peritos designados por las partes serán pagados por éstas.

En caso de que existan diferencias en los dictámenes presentados por los peritos, en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre los que verse la prueba pericial, dichas diferencias se razonarán, en forma cuidadosa, al resolver el asunto, sin necesidad de nombrar  un tercer perito para dirimir la discordia, salvo lo que al respecto determine el Tribunal.

Artículo 240.- Los peritos no son recusables, pero los nombrados por el Tribunal deberán excusarse en los casos previstos por el artículo 16 de esta ley.

Artículo 241.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:

           I.          Los peritos, previa aceptación del cargo, rendirán y ratificarán su dictamen, en el plazo que al efecto se les fije;

         II.          El Tribunal dictará las medidas necesarias para hacer comparecer a los peritos; y

        III.          El Tribunal y las partes podrán formular observaciones a los peritos y hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relación con el dictamen que presenten.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA

DE LA PRESUNCIONAL

Artículo 242.- Presunción es la consecuencia que la ley o el Tribunal deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana.

Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.

Artículo 243.- El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que la funda.

Artículo 244.- Las presunciones humanas admiten prueba en contrario.

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA

DE LA INSTRUMENTAL

Artículo 245.- La instrumental es el conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo del asunto.

Artículo 246.- El Tribunal está obligado a tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente.

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA

DE LAS FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA

Artículo 247.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto que se ventile, las partes pueden presentar fotografías o copias fotostáticas, video-grabaciones, cintas cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes.

Artículo 248.- Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o arte que produzcan convicción en el ánimo del Tribunal.

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA

DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Artículo 249.- El Tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, aplicando las reglas de la lógica; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras y fijar el resultado final de la valoración, salvo las reglas especificas que esta ley establezca para hacer la valoración.

Artículo 250.- No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en esta ley, excepto cuando,  teniéndolas en consideración el Tribunal, pueda formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En este caso, deberá fundar especial y cuidadosamente esta parte de su resolución.

Artículo 251.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes:

           I.          Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;

         II.          Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y

        III.          Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante y concerniente al asunto.

Artículo 252.- Los hechos propios de las partes interesadas aseverados en sus promociones o en cualquier otro acto del proceso y procedimiento administrativo, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

Artículo 253.- La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no haya pruebas que la contradigan.

Artículo 254.- Los documentos públicos hacen prueba plena.

Artículo 255.- Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originales.

Artículo 256.- La documental privada, inspección, pericial y testimonial serán valoradas según el prudente arbitrio del Tribunal.

Artículo 257.- Para que las presunciones sean apreciables como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir haya un enlace preciso. El Tribunal apreciará en justicia el valor de las presunciones.

Artículo 258.- Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas aportadas por la ciencia, técnica o arte quedan a la prudente calificación del Tribunal. Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas legalmente.

Artículo 259.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las normas de la presente sección, a menos que por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Tribunal adquiera convicción distinta, respecto del asunto. En este caso, deberá motivar cuidadosamente esta parte de su resolución.

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA

DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Artículo 260.- El juicio ante el Tribunal es improcedente:

           I.          Contra los actos o las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal;

         II.          Contra actos o disposiciones generales del propio Tribunal;

        III.          Contra los actos o las disposiciones generales que hayan sido impugnados en un  proceso jurisdiccional distinto, siempre que exista sentencia ejecutoriada que decida el fondo del asunto;

     IV.          Contra los actos o las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;

       V.          Contra los actos o las disposiciones generales que se hayan consentido expresamente por el actor, mediante manifestaciones escritas de carácter indubitable;

     VI.          Contra los actos o las disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por  aquellos contra los que no se promueva el juicio en los plazos señalados por esta ley;

    VII.          Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o la disposición general reclamados;

  VIII.          Cuando el acto o la disposición general impugnados no puedan surtir efecto alguno, legal o materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y

     IX.          En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal.

Artículo 261.- Procede el sobreseimiento del juicio:

           I.          Cuando el demandante se desista expresamente del juicio;

         II.          Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

        III.          Cuando el demandante muera durante el juicio, siempre que el acto o la disposición general impugnados sólo afecten sus derechos estrictamente personales;

     IV.          Cuando la autoridad demandada haya satisfecho claramente las pretensiones del actor; y

       V.          En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución definitiva.

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA

DE LA AUDIENCIA

Artículo 262.- La audiencia del juicio tendrá por objeto:

           I.          Desahogar las pruebas debidamente ofrecidas;

         II.          Oír los alegatos; y

        III.          Dictar la sentencia.

Artículo 263.- Abierta la audiencia el día y hora señalados, el secretario de acuerdos llamará a las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban  intervenir en el juicio, y determinará quienes deban permanecer en las oficinas de la Sala y quienes en lugar separado para ser introducidos en su oportunidad. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia.

Artículo 264.- Concluido el desahogo de las pruebas, las partes podrán alegar en forma escrita o verbal, por sí o por medio de sus representantes. Los alegatos verbales no podrán exceder de 10 minutos por cada una de las partes.

Artículo 265.- Una vez oídos los alegatos de las partes, la Sala resolverá el juicio dentro de un término de veinte días y sólo por el número de constancias acumuladas podrá ampliarse hasta treinta días.

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA

DE LA SENTENCIA

Artículo 266.- Las sentencias que dicte el Tribunal deberán contener:

           I.          El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;

         II.          La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

        III.          El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados;

     IV.          El examen y valoración de las pruebas;

       V.          La mención de las disposiciones legales que las sustenten;

     VI.          Los puntos resolutivos, en los que se expresarán, según sea el caso: la declaratoria de sobreseimiento del juicio; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; la reposición del procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado; la validez o invalidez de la disposición legal, cuando sea procedente, y la condena que, en su caso, se decrete.

La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo con la anticipación debida.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

Si el proyecto no fuere aceptado por la Sala, el magistrado instructor modificará el proyecto o elaborará otro con los argumentos de la mayoría, y el proyecto inicial podrá quedar como voto particular.

Artículo 267.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados:

           I.          La incompetencia de la autoridad que los hubiere dictado, ordenado, ejecutado o los tratare de ejecutar;

         II.          La omisión de los requisitos formales que legalmente deban revestir los actos, cuando ello afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de éstos;

        III.          Los vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de los actos;

     IV.          La violación de las disposiciones aplicadas o el no haberse aplicado las debidas, en cuanto al fondo del asunto; y

       V.          La arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta, desvío de poder o cualquier otra causa similar a éstas.

Artículo 268.- Será causa de invalidez de los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones de carácter general  que se hayan impugnado en el juicio la violación de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y de las leyes que de una y otra emanen. La decisión de invalidez sólo se referirá al caso concreto, sin hacer una declaración general respecto de la disposición reclamada.

Artículo 269.- Las sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno goce de los derechos afectados.

En caso de que en la sentencia se condene al pago de daños y perjuicios que se hayan causado directamente por servidores públicos, en forma dolosa o por culpa grave, en la emisión o ejecución del acto invalidado, se cuantificará el monto de los mismos, los cuales serán pagados por las dependencias públicas a las que se encuentren adscritos los servidores públicos responsables, debiendo cobrarlos éstas,  posteriormente, a dichos servidores públicos, por medio del procedimiento señalado en el artículo 70 de esta ley.

Cuando se hubiere declarado la invalidez de una disposición de carácter general, las sentencias privarán de efectos los actos de ejecución ya producidos al actor, y precisarán la forma en que la disposición general no pueda ser aplicada al mismo en casos posteriores.

Artículo 270.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el presidente del Tribunal, si la sala no dicta sentencia dentro del plazo legal respectivo.

Recibida la excitativa de justicia, si el presidente del Tribunal solicitará informe al magistrado correspondiente, quien deberá rendirlo dentro del plazo de tres días.

Si el Presidente del Tribunal encuentra fundada la excitativa otorgará un plazo que no excederá de tres días para que el Magistrado correspondiente presente el proyecto de resolución o para que la Sala resuelva, según corresponda.

           I.          Las que no admitan ningún recurso;

         II.          Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o habiendo sido recurridas se hubieren desechado, sobreseído o hubiere resultado infundado; y

        III.          Las consentidas expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

SECCIÓN DÉCIMA NOVENA

DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Artículo 272.- Cuando hubiere causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Presidente de Tribunal, por oficio y sin demora alguna la comunicará, a las autoridades demandadas para su cumplimiento.

En el propio oficio en que se hubiere la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que dieren a la sentencia respectiva.

Artículo 273.- Si dentro de los tres días siguientes de la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida, o no se encontrare en vías de cumplimiento, la Sala, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista cuando el actor manifestare la existencia  defecto o exceso en la ejecución de la sentencia, o que se hubiere repetido el acto impugnado.

La Sala resolverá si los demandados han cumplido con la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado; de lo contrario, los requerirá para que cumplan la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores a aquél en que surta efectos la notificación, previniéndolos que, en caso de renuencia, se les impondrán multas, a cada uno  hasta por la cantidad equivalente de 50 a 1,000 días de salario mínimo vigente en el estado. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo.

Artículo 274.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistieren en su actitud, la Sala, a petición del magistrado instructor, solicitará al titular de la dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentren subordinados aquéllos, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a la sentencia y determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se reitere,  cuantas veces sean necesarias la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no tuvieren superior, el requerimiento se hará directamente a ellos.

Si, no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la Sala podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto en el caso del Gobernador, presidentes municipales, síndicos y regidores.

En los casos del Gobernador del estado, presidentes municipales, síndicos y regidores, la Sala formulará, por conducto del presidente del Tribunal y ante el Congreso, la solicitud de juicio político a fin de que el servidor público sea destituido y, en su caso, inhabilitado. En la tramitación y resolución de dicho juicio político se aplicarán las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades demandadas.

Artículo 275.- Tratándose de actos de privación de la propiedad de bienes inmuebles, la Sala podrá determinar, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, el cumplimiento sustituto de las ejecutorias, mediante el pago del valor comercial de los inmuebles, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el actor.

Artículo 276.- No podrá archivarse ningún expediente de juicio administrativo sin que se haya cumplido enteramente la sentencia ejecutoria en que se hubiere declarado la invalidez del acto o la disposición general impugnada.

Artículo 277.- Las disposiciones anteriores se aplicarán también, en lo conducente, cuando no se de cumplimiento, se viole o exista exceso o defecto en la ejecución del acuerdo de suspensión que se hubiere decretado respecto del acto impugnado.

CAPÍTULO TERCERO

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Artículo 278.- Procede el recurso de reconsideración en contra de:

           I.          Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de tercero;

         II.          Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión;

        III.          Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos;

     IV.          Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia.

       V.          Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias que prevén las fracciones I, II, y VI del artículo 20 de esta ley.

Artículo 279.- El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los ocho días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el presidente del Tribunal, el cual lo turnará para su trámite a  un magistrado distinto del instructor .

Artículo 280.- El magistrado a quien se le turne el recurso, al admitirlo, mandará correr traslado del mismo a las demás partes por el término de tres días posteriores a aquél en que surta efectos la notificación, para que expongan lo que a sus derechos convenga. Vencido este término,  presentará en un plazo de tres días el proyecto de resolución a la Sala, la cual deberá resolver en el plazo  de tres días .

Artículo 281.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante el presidente del Tribunal, si no se resuelve el recurso de reconsideración dentro del plazo legal respectivo.

Si el presidente del Tribunal encuentra fundada la excitativa, otorgará un plazo que no excederá de tres días para que el magistrado presente el proyecto de resolución o, en su caso, para que la Sala resuelva el recurso.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA JURISPRUDENCIA

Artículo 282.- Las sentencias de la sala constituirán jurisprudencia, siempre y cuando lo resuelto se sustente en tres ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. La jurisprudencia será obligatoria para el Tribunal. Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.

Artículo 283.-Cuando se sustenten tesis contradictorias, cualquiera de los magistrados podrá denunciar la contradicción ante la Sala. El presidente del Tribunal formulará la ponencia respectiva, a fin de decidir si efectivamente existe contradicción y, en su caso, cuál será el criterio que, como jurisprudencia, adopte el Tribunal.

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en que fueron pronunciadas.

Artículo 284.- Al aprobarse el texto de alguna jurisprudencia, en la que se sostenga la invalidez de reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales, el presidente del Tribunal la hará del conocimiento de las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal que los hayan expedido, recomendándoles la reforma o derogación de los mismos.

Artículo 285.- Las jurisprudencias se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en el órgano de difusión del Tribunal. En esta última publicación también se divulgarán las tesis importantes que constituyan precedente.

Artículo 286.- Cuando las partes invoquen la jurisprudencia del Tribunal, lo harán por escrito, expresando el número, el texto y las tesis que la integran.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo que establece el ARTICULO PRIMERO de este decreto en lo relativo a los procedimientos administrativos tanto comunes como especiales; al establecimiento  de un sólo recurso administrativo; y a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit;  se derogan los  artículos que se mencionan de los siguientes ordenamientos:

           I.        48, del 88 al 152 y del 158 al 221 del Código Fiscal del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 5887, publicado el 26 de diciembre de 1976.

        II.        61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7140, publicado el 13 de abril de 1988.

      III.        76 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 6367, publicado el 26 de diciembre de 1990.

     IV.        305 a 315 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7749, publicado el 30 de abril de 1994;

        V.        72 a 76 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7770, publicado el 13 de julio de 1994.

     VI.        238 a 242 de la Ley Ganadera del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7776, publicado el 30 de julio de 1994.

   VII.        122 a 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7869, publicado el 4 de octubre de 1995.

VIII.        72 y 73 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7948, publicado el 15 de mayo de 1996.

     IX.        47 y 48 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número , publicado el 25 de diciembre de 1996.

        X.        35 y 36 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8042, publicado el 10 de diciembre de 1997.

     XI.        197 y 199 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8066, publicado el 17 de diciembre de 1997.

   XII.        266 a 272 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; contenida en el decreto número , publicado el 17 de mayo de 1999.

XIII.        261 y 262 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente; contenida en el decreto número 8335 publicado el 25 de abril del 2001;

XIV.        Todas las demás disposiciones que sean contrarias a la presente ley y aquellas que establezcan recursos administrativos contra las resoluciones y actos que dicten o ejecuten las autoridades administrativas, salvo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que regulan el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO TERCERO.- En congruencia con el ARTICULO SEGUNDO de este decreto, se reforman los artículos que se mencionan de los siguientes ordenamientos:

           I.        157 del Código Fiscal del Estado de Nayarit; contenido en el decreto número 5887, publicado el 26 de diciembre de 1976;

        II.        60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7140, publicado el 13 de abril de 1988;

      III.        14 de la Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7241, publicado el 28 de octubre de 1989;

     IV.        75 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 6367, publicado el 26 de diciembre de 1990;

        V.        304 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7749, publicado el 30 de abril de 1994;

     VI.        196 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8066, publicado el 30 de abril de 1994;

   VII.        71 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7770, publicado el 13 de julio de 1994;

VIII.        237 de la Ley Ganadera del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7776, publicado el 30 de julio de 1994;

     IX.        46 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7868, publicado el 16 de septiembre de 1995;

        X.        121 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7869, publicado el 4 de octubre de 1995;

     XI.        71 de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7948, publicado el 15 de mayo de 1996;

   XII.        46 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8013, publicado el 25 de diciembre de 1996;

XIII.        34 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8042, publicado el 10 de diciembre de 1997;

XIV.        73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 7842, publicado el 19 de abril de 1995, y reformado mediante decreto número 8025, publicado el 17 de mayo de 1997;

  XV.        265 de la Ley de Asentamientos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; contenida en el decreto número 8181, publicado el 19 de mayo de 1999; y

XVI.        263 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; contenida en el decreto número 8335 publicado el 25 de abril del 2001.

Para que cada uno quede con el texto siguiente:

“Contra las resoluciones y actos administrativos de las autoridades que contravengan lo previsto en este ordenamiento, podrá interponerse el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit”.

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo que establece el ARTICULO PRIMERO de este decreto  en lo relativo  a la regulación de la responsabilidad patrimonial, se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Presupuestación Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, contenido en el decreto número 7245, publicado el 29 de noviembre de 1989, para quedar como sigue:

“ Artículo 2º.- El gasto público estatal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivos o deuda pública, y por concepto de responsabilidad patrimonial que realicen: ”

...

...

...

...

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit contenido en el decreto 6792, publicado el 1º de febrero de 1984, para quedar como sigue:

“Artículo 76.- ...

El servidor público afectado por las resoluciones administrativas definitivas que se dicten conforme a esta ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Las resoluciones que dicte el Tribunal podrán ser impugnadas ante éste por la Secretaría de la Contraloría o por el titular de la dependencia a la que se encuentre  adscrito el  servidor público.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con excepción del Título Cuarto  del ARTICULO PRIMERO de este decreto, el cual entrará en vigor el primer día del mes de enero del año 2003.

El artículo 71 a que se refiere el  ARTICULO PRIMERO del  presente decreto,  iniciará su vigencia el primero de enero del año 2003, a fin de que tanto el Poder Ejecutivo del estado como los Ayuntamientos expidan, antes de esta fecha, sus correspondientes reglamentos para el cobro y aplicación de gastos de ejecución, de conformidad con lo establecido en dicho artículo.

Segundo.- El Gobernador  dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en los términos a que hace referencia el artículo 135 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, someterá a la consideración del Congreso la lista de candidatos a magistrados, a fin de que el Congreso proceda  a su designación.

Tercero.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit a más tardar el día quince del mes de noviembre del año 2002 preverán lo conducente a efecto de elegir a su presidente; preparar el proyecto de presupuesto que habrán de remitir al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto del Egresos  del Estado; elaborar y aprobar su reglamento interior; convocar a los procesos de selección y contratación del demás personal; aprobar el calendario laboral del Tribunal y, prevenir todo lo conducente para el inicio de su funcionamiento.

En todo caso, la primera sesión de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit  se llevará a cabo el día dos de Enero del año 2003, en la cual se habrán de ratificar sus acuerdos previos.

El Reglamento Interior  y el calendario laboral del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, una vez aprobados por los magistrados, deberán publicarse debiendo iniciar su vigencia el primero del año 2003.

Cuarto.- El Gobernador del Estado por conducto de la secretaria de finanzas proveerá lo necesario en cuanto a recursos financieros y materiales para el inicio del funcionamiento del tribunal de justicia administrativa del estado de nayarit, en tanto se integra el presupuesto de este, en el presupuesto de egresos del Estado.

Quinto.- Los procedimientos y recursos administrativos que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta resolución, se substanciaran de conformidad a las disposiciones legales anteriores al mismo.

Sexto.-  El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado deberán  prever que  sus respectivos proyectos de leyes de ingresos del año 2003 y siguientes;  se ajusten a lo establecido en el artículo 71 del ARTÍCULO PRIMERO de este decreto, en tanto no se modifique su contenido.

Asimismo, realizarán las acciones necesarias para que en sus respectivos presupuestos de egresos se considere, a partir del año 2003, una partida específica para el pago de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios en que pudieran incurrir sus servidores públicos.

Igualmente, en un plazo no mayor de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de esta resolución, adecuarán sus reglamentos y demás ordenamientos a fin de que sean acordes a lo establecido por el  mismo.

Séptimo.- El Congreso del Estado, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado, dispondrán los recursos humanos y financieros para que a partir de la publicación de  este decreto, su contenido se difunda ampliamente entre los servidores públicos estatales y  municipales, así como  entre la población en general de toda la entidad.

En cualquier caso, el Ejecutivo del Estado deberá realizar la  publicación por conducto del Periódico Oficial de al menos 2000 ejemplares para que se difundan entre todas las dependencias de la administración pública estatal, los Ayuntamientos y la población en general.

...

DADO en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil dos.

P.O. DECRETO NUMERO 8446, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002

ARTICULO UNICO.- Se reforman los ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 8435 PUBLICADO EN 17 DE AGOSTO DEL 2002, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PARA QUEDAR COMO SIGUEN:

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON EXCEPCIÓN DEL TÍTULO CUARTO  DEL ARTICULO PRIMERO DE ESTE DECRETO, EL CUAL ENTRARÁ EN VIGOR EL TRES DE MARZO DEL AÑO 2003.

EL ARTÍCULO 71 A QUE SE REFIERE EL  ARTICULO PRIMERO DEL  PRESENTE DECRETO,  INICIARÁ SU VIGENCIA EL TRES DE MARZO DEL AÑO 2003, A FIN DE QUE TANTO EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO COMO LOS AYUNTAMIENTOS EXPIDAN, ANTES DE ESTA FECHA, SUS CORRESPONDIENTES REGLAMENTOS PARA EL COBRO Y APLICACIÓN DE GASTOS DE EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ARTÍCULO.

SEGUNDO.- EL GOBERNADOR  DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN LOS TÉRMINOS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SOMETERÁ A LA CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO  LA LISTA DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS, A FIN DE QUE EL CONGRESO PROCEDA  A SU DESIGNACIÓN.

TERCERO.- LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT A MÁS TARDAR EL DÍA QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2003 PREVERÁN LO CONDUCENTE A EFECTO DE ELEGIR A SU PRESIDENTE;  ELABORAR Y APROBAR SU REGLAMENTO INTERIOR; CONVOCAR A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL DEMÁS PERSONAL; APROBAR EL CALENDARIO LABORAL DEL TRIBUNAL Y, PREVENIR TODO LO CONDUCENTE PARA EL INICIO DE SU FUNCIONAMIENTO.

EN TODO CASO, LA PRIMERA SESIÓN DE LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT  SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA TRES DE MARZO DEL AÑO 2003, EN LA CUAL SE HABRÁN DE RATIFICAR SUS ACUERDOS PREVIOS.

EL REGLAMENTO INTERIOR  Y EL CALENDARIO LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT, UNA VEZ APROBADOS POR LOS MAGISTRADOS, DEBERÁN PUBLICARSE DEBIENDO INICIAR SU VIGENCIA EL DÍA TRES DE MARZO DEL AÑO 2003.

CUARTO.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL CONGRESO DEL ESTADO PREVERÁN LO CONDUCENTE A EFECTO DE INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2003 LAS  PARTIDAS SUFICIENTES QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ESTE MISMO DECRETO SE SEÑALA.

QUINTO.- ........

SEXTO.-  ..........

SÉPTIMO.- .......

TRANSITORIO

UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DADO en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los Veintisiete días del mes de Septiembre del año dos mil dos.- Dip. Presidente CARLOS RUIZ FLORES.- Dip. Secretario OBDULIA DELGADO DELGADO.- Dip. Secretario JUAN MANUEL MIER PECINA.- Rubrica.